La detección de drogas es común en el lugar de trabajo norteamericano. Críticos de la práctica alegan que tal detección viola el derecho a la privacidad y, en el caso de empleados públicos, afecta las libertades constitucionales. Aunque la ley tocante a la detección de drogas en el lugar de trabajo todavía está emergiendo, las siguientes observaciones generales pueden ser hechas.
Empleados y candidatos federales, estatales y locales están un tanto protegidos de la detección de drogas por la Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que protege contra registro y decomiso arbitrario por el gobierno. Las constituciones estatales también proveen protecciones para estos empleados. Aunque varias constituciones estatales proveen protecciones de la privacidad, al nivel federal, la detección de drogas no ha sido invalidada a causa de cuestiones constitucionales de privacidad. En cambio, algunas políticas de detección de drogas han sido invalidadas debajo de la Cuarta Enmienda.
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dictaminado que la detección de drogas en orina es un "search" (registro) dentro del significado de la Cuarta Enmienda. No obstante, ordenes de allanamiento, causa probable y sospecha no son siempre requeridas en orden para que una prueba de droga sea considerada razonable. Ciertos trabajos implican la seguridad pública; también tienen expectativas de privacidad reducidas. En tales casos, el gobierno tiene una razón de peso para el registro, y la detección de droga es propia.
Algunos ejemplos de programas constitucionales de detección de drogas incluyen:
Empleadores públicos no pueden poner en práctica programas amplios de detección de drogas que no son apoyados por una necesidad valida. Tales programas violan las protecciones de la Cuarta Enmienda y han sido invalidados por cortes estatales y federales.
Ejemplos de detección de drogas inconstitucionales incluyen:
Aunque unos pocos estados han promulgado leyes que restringen el derecho de un empleador privado a requerir que sus empleados o candidatos se someten a la detección de drogas, la regla general es que tal detección es legal. De hecho, la mayoría de empleadores privados en los Estados Unidos han implementado alguno tipo de programa de detección de drogas.
Las protecciones de la constitución federal no se aplican a empleadores privados. Es posible, sin embargo, que algunas constituciones estatales otorgan algunas protecciones de privacidad contra detección de drogas por empleadores privados.
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